La captura de los expresidentes del Congreso, Andrés Calle (Liberal) e Iván Name (Alianza Verde), no solo desató un terremoto judicial y político, sino que dejó dos curules congeladas en el Capitolio. La razón: la aplicación anticipada de la figura de la “silla vacía”, contemplada en el artículo 134 de la Constitución, que impide reemplazar a congresistas implicados en delitos contra la administración pública.
Aunque la medida opera formalmente tras una condena, en los hechos comienza desde la captura, ya que inhabilita a los partidos para nombrar reemplazos durante la suspensión temporal. En este caso, la Corte Suprema notificó al Congreso que tanto Calle como Name deben ser separados de sus funciones, tras señalar indicios de que habrían recibido millonarios sobornos desde la UNGRD a cambio de favorecer reformas oficiales.
El Partido Liberal, con la baja de Calle, queda con 32 representantes en la Cámara. Un golpe sensible para el Gobierno Petro, que pierde a un aliado clave en medio del debate sobre la consulta popular. De inmediato, la bancada liberal anunció su suspensión y le retiró voz y voto, abriendo la puerta a su eventual expulsión.
En el Senado, la Alianza Verde se queda con ocho escaños tras la salida de Name, un viejo contradictor del Ejecutivo. Su ausencia cambia el mapa político justo cuando se avecinan decisiones de alto impacto, como la elección del nuevo magistrado de la Corte Suprema y la votación del polémico referendo impulsado por el Gobierno.
La corrupción empieza a cobrar su precio en el corazón del Congreso. Y la “silla vacía” no solo refleja un castigo legal, sino una fractura institucional que desnuda los riesgos de la cooptación política.
