La defensa del Notario Único de Santo Tomás, Francisco Mejía De La Hoz, ha rechazado enérgicamente las acusaciones de la Fiscalía en el caso de robo de tierras en Soledad, argumentando que el ente acusador desconoce la naturaleza de la función notarial.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el abogado Sergio Frutos, defensor de Mejía, señaló que la Fiscalía confunde una escritura pública con un acto administrativo. Frutos recordó que su cliente fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para delinquir y urbanización ilegal.
El defensor enfatizó que una escritura no equivale a la propiedad ni garantiza su legalidad, y que el notario solo da fe de la comparecencia y la manifestación de voluntad, sin autorizar la inscripción. Frutos criticó que la Fiscalía no haya individualizado las supuestas 39 escrituras públicas segregadas con paz y salvos espurios.
La defensa argumentó que Mejía no puede juzgar la legalidad sustancial del contrato ni verificar la realidad material del dominio, ya que su función es formal e instrumental. Citó jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado que respaldan esta interpretación.
Frutos también abordó la acusación de urbanización ilegal, señalando que el notario no autoriza urbanizaciones ni planifica usos del suelo, y que no es responsable de ejecutar obras ni subdividir predios. Además, calificó de “error garrafal” confundir una escritura pública con un acto administrativo.
La defensa también se refirió a una interceptación telefónica entre Mejía y el registrador Iván Carlos Páez, explicando que la reunión mencionada fue convocada por la Superintendencia de Notariado y que el supuesto cliente era en realidad una gestión para ayudar a personas mayores con una declaración jurada.
Finalmente, la defensa destacó que las actuaciones notariales de Mejía no han sido revocadas ni cuestionadas a lo largo de su carrera, argumentando que no hay razón para creer que seguirá cometiendo irregularidades si no se le impone una medida de aseguramiento.