Las autoridades judiciales y policiales del Atlántico activaron una mesa técnica de trabajo para dar con el paradero de Dayana Yael Jassir De la Hoz, recientemente condenada por el asesinato de su expareja, el médico forense Eduardo Pinto Viloria, exdirector del Instituto de Medicina Legal en Barranquilla.
La reunión entre la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía Seccional Atlántico se llevó a cabo este viernes 16 de mayo, con el propósito de coordinar las acciones necesarias para localizar y capturar a la mujer, sobre quien pesa una sentencia condenatoria de 57 años y 6 meses de prisión, además de una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 20 años.
La orden de captura fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de revocar la sentencia absolutoria dictada en 2024 por el Juzgado 12 Penal del Circuito. En ese fallo inicial, la juez Beatriz Eugenia Arteta Tejera desestimó los argumentos de la Fiscalía, que desde el inicio señaló a Jassir como la determinadora del crimen ocurrido en 2016.
La nueva decisión judicial, emitida el jueves 15 de mayo por el magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, cambia radicalmente el rumbo del caso y obliga a las autoridades a proceder con la captura inmediata de Jassir para el cumplimiento de su condena.
Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, Jassir no fue localizada en su lugar de residencia ni en su sitio de trabajo, lo que ha dificultado su detención. Ante esta situación, se estableció la necesidad de realizar una búsqueda intensiva mediante herramientas de inteligencia e investigación judicial.
“La Fiscalía y la Policía trabajarán de manera coordinada para dar con su paradero lo más pronto posible”, indicaron voceros oficiales. Una vez capturada, será puesta a disposición del Tribunal Superior de Barranquilla para su reclusión en un centro penitenciario.
El caso ha generado alta atención mediática por tratarse de un crimen que sacudió a la opinión pública en su momento, y por el giro que ha tomado el proceso judicial casi ocho años después de los hechos.
