El Congreso se alista para una semana decisiva. El próximo lunes 9 de junio, a las 2:00 p.m., la Plenaria del Senado abrirá el debate sobre uno de los proyectos más controversiales del actual gobierno: la Reforma Laboral.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó claro que no aceptarán presiones del Ejecutivo y advirtió que si el Gobierno rechaza la versión conciliada del proyecto, estaría empujando al país, una vez más, hacia la consulta popular.
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Vamos a sacar una reforma con criterio técnico y político, pensada para los trabajadores y para el país. Y si después de eso la rechazan, quedará claro que lo que buscan es otra cosa“, dijo Cepeda en declaraciones a medios.
El proyecto, que fue hundido inicialmente por la Comisión VII, resucitó tras una apelación sorpresiva que coincidió con el hundimiento de la consulta popular en la Plenaria. Desde entonces, ha avanzado con un nuevo texto aprobado por la Comisión IV, el cual, según Cepeda, tiene mayor equilibrio y más garantías para la masa laboral.
Choque de visiones
El pulso entre el Legislativo y el Gobierno no es nuevo, pero esta vez la tensión es más evidente. Cepeda criticó abiertamente la actitud del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habría asegurado que el Ejecutivo solo aceptaría una reforma que se asemeje al texto aprobado por la Cámara de Representantes.
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Eso demuestra una visión autoritaria. El Senado es autónomo, deliberante, y no legisla bajo órdenes del Gobierno”, sentenció Cepeda, visiblemente molesto.
El punto de quiebre: las microempresas
Uno de los ajustes clave que defiende Cepeda en la nueva versión del proyecto es la exoneración de las microempresas de las nuevas cargas por jornadas nocturnas.
“Son las más vulnerables y hay que protegerlas”, señaló.
¿Una reforma o una consulta?
La advertencia más fuerte vino al final: si el Gobierno rechaza una reforma aprobada y conciliada por el Congreso, sería —según Cepeda— la prueba de que lo que realmente buscan es justificar una consulta popular, con fines políticos.
“Rechazar una reforma acordada solo para abrir el camino a una consulta es politiquear con los recursos del Estado. ¡Y eso no lo vamos a permitir!”, afirmó, haciendo alusión a los 800 mil millones de pesos que costaría ese mecanismo de participación.
La próxima semana será crucial. El país estará atento a si finalmente se aprueba la Reforma Laboral… o si se agudiza aún más el pulso entre el Ejecutivo y el Congreso.
