Una polémica propuesta está a punto de ser discutida en el Congreso de la República: la adopción de la hidrólisis alcalina como nueva forma de disposición final de cadáveres en Colombia. Este método, conocido popularmente como “cremación sin fuego”, ha generado un profundo debate por sus implicaciones sanitarias, legales y éticas.
La técnica, que ya se utiliza en países como Estados Unidos, México y Australia, consiste en acelerar la descomposición de un cuerpo humano mediante una solución de agua y químicos alcalinos, sometida a altas temperaturas y presión. Como resultado, se obtienen restos óseos y una solución líquida que, según el proyecto, sería vertida en el sistema de aguas residuales.
Presiones, cambios de postura y sospechas
El proyecto ha sido impulsado por congresistas antioqueños del Pacto Histórico, y pese a las dudas iniciales del Ministerio de Salud, este terminó emitiendo un concepto favorable tras una reunión entre el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el representante Alejandro Toro, principal promotor de la iniciativa.
El giro en la postura del ministerio generó suspicacias. Según varios legisladores, habría habido presiones de empresas privadas interesadas en prestar el servicio, incluso con denuncias informales sobre ofrecimientos de respaldos políticos y viajes a congresistas para asegurar su voto.
Riesgos ambientales y forenses
Expertos han levantado alertas sobre el impacto ambiental que podría generar este método. Aunque sus promotores aseguran que se trata de una técnica sostenible, informes de autoridades locales en Medellín y Bogotá revelan antecedentes preocupantes: vertimientos con alto contenido orgánico, olores fuertes y alteraciones en el pH del agua en establecimientos que usaban hidrólisis alcalina con animales.
Además, desde la medicina forense, el exdirector de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés advirtió que la técnica destruye completamente el ADN, lo que imposibilitaría identificar cuerpos, una amenaza seria en un país con altos índices de desaparición forzada. “¿Qué mejor para los grupos delincuenciales que una técnica que desaparezca por completo un cuerpo?”, advirtió.
¿Un paso hacia la impunidad?
En este contexto, expertos y sectores políticos temen que esta alternativa pueda ser aprovechada por redes criminales para hacer desaparecer cuerpos sin dejar rastro. “La identidad de las víctimas quedaría totalmente destruida”, advirtió Valdés.
Incluso la representante Alexandra Vásquez, del mismo partido que impulsa el proyecto, se desmarcó de la iniciativa: “Estamos hablando de residuos peligrosos con pH altísimos que pueden tener impactos graves sobre el medio ambiente”.
¿Qué sigue?
El proyecto está listo para ser discutido en cuarto debate en el Senado. Aunque cuenta con apoyos mayoritarios, las dudas técnicas, los cambios de postura del Gobierno y las denuncias sobre presiones externas podrían frenar su aprobación.
De aprobarse, Colombia se convertiría en uno de los pocos países en América Latina en permitir este procedimiento, pero lo haría en medio de un fuerte debate sobre sus verdaderas consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y el sistema judicial.
