La Corte Constitucional inició este martes el estudio del decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular sobre temas laborales. La revisión fue asumida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien afirmó que el alto tribunal tiene la competencia para ejercer control previo sobre este tipo de actos, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución.
El magistrado aclaró que este trámite no interfiere con los procesos que actualmente adelanta el Consejo de Estado, el cual ya suspendió provisionalmente el decreto por presuntos vicios de legalidad. “Avocar conocimiento de este trámite en esta Corte no implica menoscabo alguno del ejercicio de las competencias que le corresponde ejercer al Consejo de Estado”, precisó Ibáñez.
Como parte del proceso, la Corte solicitó al Senado de la República las actas y grabaciones de la sesión en la que se negó el concepto previo requerido para la consulta, además de documentos adicionales que sustenten el trámite. Igualmente, pidió información a la Presidencia sobre las gestiones realizadas.
También fueron requeridos conceptos de expertos constitucionalistas, exmagistrados y entidades como la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Procuraduría General de la Nación.
Aunque el presidente Petro anunció que podría derogar el decreto tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, la Corte continuará con el análisis del caso conforme a sus competencias constitucionales.