La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prendió las alarmas en el sector turístico colombiano tras formular pliego de cargos contra 40 operadores de viviendas turísticas. Las presuntas irregularidades detectadas podrían haber afectado directamente los derechos de los turistas que se hospedaron en estos lugares.
La decisión surge después de revisar minuciosamente 452 quejas interpuestas a lo largo de 2024, provenientes de distintas regiones del país. Las investigaciones, que se han concentrado en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, revelan un patrón preocupante de prácticas poco transparentes.
Uno de los hallazgos más graves apunta a que varios de estos prestadores habrían suministrado información falsa o inexacta a las cámaras de comercio. Indicaban, por ejemplo, que los inmuebles ofrecidos para alquiler turístico no estaban bajo régimen de propiedad horizontal, o que contaban con el aval reglamentario para operar, cuando en realidad no cumplían con esas condiciones.
Pero eso no es todo. También se detectaron casos en los que personas naturales y jurídicas ofrecían estos servicios sin contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT), o sin haber renovado dicha inscripción, requisito fundamental para operar legalmente en el sector.
La SIC recordó que el RNT no es solo un trámite burocrático, sino una herramienta clave para promover la competitividad y sostenibilidad del turismo en Colombia. Los recursos recaudados a través de este registro contribuyen directamente al fortalecimiento del sector.
De comprobarse las infracciones, los implicados podrían enfrentar sanciones económicas considerables, así como la prohibición de ofrecer servicios turísticos hasta por cinco años.
El caso, que podría sentar un precedente para el control de la vivienda turística informal en el país, continúa en etapa de investigación administrativa.
