El Instituto Nacional de Vías busca reversar la suspensión del cobro que impacta a más de 280 mil predios en Atlántico y Bolívar. Senador Carlos Meisel denuncia una “agresión sistemática” del Gobierno Petro al Caribe.
El cobro por valorización que había sido frenado por decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico vuelve a ser motivo de controversia. Esta vez, el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), recurrió a una tutela ante el Consejo de Estado en un intento por reactivar el proceso de recaudo, argumentando un presunto perjuicio irremediable y la vulneración del debido proceso.
Este giro jurídico ocurre semanas después de que el Tribunal ordenara suspender temporalmente el cobro a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, medida que beneficia a propietarios en diez municipios de Atlántico y Bolívar.
El recurso de tutela presentado por Invías busca dejar sin efecto esa medida cautelar, alegando que se impusieron requisitos que no están previstos en la ley y que, en su criterio, ya se había cumplido con la debida socialización exigida por el Decreto 1255 de 2022.
Una tutela con millonarias implicaciones
En el documento, la entidad sostiene que la suspensión del cobro podría tener consecuencias financieras considerables: se generarían sobrecostos superiores a los 1.666 millones de pesos si se requiere reiniciar el proceso de socialización y validación. Además, recalcan que la Resolución que respalda el cobro —y que tiene fuerza ejecutoria hasta mayo de 2026— podría perder vigencia si no se reactiva el procedimiento pronto.
El Invías afirma que la medida del Tribunal se basa en una “interpretación errónea de la normativa” y que se vulneró el debido proceso de la entidad al frenar un acto administrativo en firme.
Críticas desde el Congreso
La respuesta desde el Caribe no se hizo esperar. El senador barranquillero Carlos Meisel (Centro Democrático) —quien lidera una acción popular contra este cobro— denunció la presentación de la tutela como una muestra más del “ensañamiento del gobierno Petro con la región Caribe”.
“El Gobierno continúa su intención de golpearnos sin descanso. Invías radica tutela para avanzar en el cobro de valorización. La diligencia que muestran para agredirnos, ojalá la tuvieran para resolver los verdaderos problemas del país”, escribió Meisel en sus redes sociales.
Para el congresista, el cobro no solo es injusto, sino que afecta de manera desproporcionada a miles de familias que ya enfrentan dificultades económicas. Su acción popular busca que se tumbe definitivamente la Resolución que respalda el cobro.
¿Qué sigue ahora?
El Consejo de Estado deberá estudiar la tutela presentada por Invías y decidir si levanta la suspensión cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Mientras tanto, el futuro del cobro de valorización permanece en vilo.
La controversia deja ver un choque no solo jurídico, sino político, entre una parte del Gobierno nacional y sectores del Caribe colombiano que se sienten ignorados o maltratados por las decisiones centralizadas. En el centro del debate están más de 280 mil predios y una discusión sobre legitimidad, legalidad y justicia tributaria.
#Atención querido Caribe principalmente Atlántico y Bolívar.
El gobierno Petro continúa la intención de golpearnos sin descanso.
Invias radica tutela ante el consejo de estado para avanzar en el cobro de valorización.
La diligencia que muestra el gobierno para agredirnos ojalá la… pic.twitter.com/u4RfqpYKvZ— Carlos Meisel (@carlosmeiselv) July 7, 2025
