Un juez de conocimiento emitió una condena de 44 años y 6 meses de prisión contra Ricardo Alberto García Madariaga y Luis Fernando Sánchez Gómez, por su participación en la desaparición de un ciudadano de nacionalidad holandesa en agosto de 2021, en el barrio Lucero de Barranquilla.
Acceso violento y desaparición
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los dos condenados ingresaron de manera ilegal a la residencia de la víctima, con el objetivo de apropiarse de su vehículo. Durante el crimen, el extranjero habría sido golpeado, amordazado y obligado a salir de la casa, tras lo cual su carro fue estacionado frente al inmueble antes de que lo sacaran del lugar.
Fue en la madrugada del 26 de agosto de 2021 cuando lo subieron, inmovilizado y con múltiples heridas, a la parte trasera del vehículo. Desde ese momento, su paradero se desconoce y los condenados se han negado a entregar información sobre su ubicación.
Fraudes financieros tras la desaparición
La Fiscalía también estableció que, luego del hecho, se efectuaron transferencias por más de 69 millones de pesos desde la cuenta bancaria de la víctima. Estos movimientos evitaron los sistemas de autenticación convencionales, lo que sugiere una manipulación fraudulenta del dinero.
Durante el proceso, también fue condenada otra persona vinculada: Kevin David Peña Ramos, pareja de la víctima, quien intentó obstaculizar las denuncias impedido el ingreso a la vivienda y ocultando el hecho ante vecinos. Peña Ramos aceptó un preacuerdo en 2024 y recibió una pena de 15 años y 2 meses de prisión.
Delitos y recurso legal
El juez declaró a los acusados responsables de los delitos de desaparición forzada y hurto calificado y agravado. La sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada conforme a los recursos legales vigentes.
Este caso, que comenzó como un violento robo, terminó en una investigación compleja que involucró desaparición, fraude financiero e intento de ocultamiento. La condena pone en evidencia el alcance de la justicia frente a delitos que trascienden al crimen común y afectan directamente los derechos fundamentales y la dignidad humana.
