El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, cuestionó con firmeza el decreto 0799 de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y firmado por el presidente Gustavo Petro, que elimina la exclusividad de esta alta corte para conocer las acciones de tutela interpuestas en contra del primer mandatario.
En declaraciones a W Radio, Álvarez calificó la decisión como un paso que “genera desazón e incertidumbre” y que únicamente “crea más tensión” en la relación entre el Ejecutivo y las Cortes, en un momento en el que ya existe un ambiente de fricciones con el Gobierno por decisiones que han afectado la independencia judicial.
“Esta es una decisión que, a mi modo de ver, no va en la dirección correcta. Desarticular el reparto de asuntos de tutela sin ninguna consideración objetiva, proporcional y razonable deja la sensación de que se busca generar tensión adicional al clima que se viene viviendo con las Cortes. Es arrebatar una atribución”, afirmó Álvarez.
Según el decreto, las tutelas en contra del Presidente ahora podrán ser conocidas por jueces del circuito o de igual categoría, y no de manera exclusiva por el Consejo de Estado, como venía ocurriendo históricamente. El Ministerio de Justicia argumentó que la medida busca garantizar un mayor acceso a la justicia, reforzar la imparcialidad estructural del sistema judicial y evitar posibles conflictos de interés.
Sin embargo, para el presidente del Consejo de Estado, esta modificación representa un retroceso en la coherencia y la unidad de la jurisprudencia del país. “En últimas, lo que se está haciendo es diseminar en una gran cantidad de jueces esa competencia en detrimento de la unidad, la coherencia y la necesidad de unificación de jurisprudencia que tenía el Consejo de Estado. No parece conveniente ni proporcional que se entregue este conocimiento a jueces de inferior jerarquía”, enfatizó.
A pesar del cambio, el decreto aclara que la Corte Constitucional conservará su facultad de seleccionar y revisar las tutelas que considere de relevancia, asegurando que el control constitucional se mantenga sobre los fallos proferidos.
La tensión entre el Gobierno y las Cortes ha escalado en las últimas semanas, tras varias decisiones que desde el sector judicial se perciben como un intento de intervención en la autonomía de los órganos de control y la rama judicial. Para varios analistas, esta nueva medida aviva la confrontación institucional y podría afectar la estabilidad de la justicia en el país.
El Consejo de Estado, por su parte, reiteró que seguirá defendiendo su función como garante de la unidad jurisprudencial y que la concentración de estos casos en una alta corte responde a la necesidad de garantizar decisiones uniformes en temas de alta relevancia, especialmente aquellos que involucran al Presidente de la República.
