Miembros de la mesa directiva acusan presiones por parte de la gerencia y la dirección jurídica para firmar un acuerdo que limitaría el acceso a información clave.
Crece la polémica por el proceso de pasaportes: denuncian presiones y secretismo en la Imprenta Nacional. Siguen apareciendo irregularidades en torno al nuevo acuerdo que el Gobierno colombiano busca firmar con Portugal para asumir la expedición de pasaportes, tras el fin del contrato con la multinacional Thomas Greg & Sons, previsto para el próximo 1 de septiembre.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado una estrategia para que sea la Imprenta Nacional la encargada del proceso, con el respaldo del Gobierno portugués. Sin embargo, esta iniciativa ha generado divisiones internas y señalamientos de opacidad, al tiempo que varios funcionarios cuestionan la viabilidad del acuerdo y las capacidades técnicas de la Imprenta para asumir dicha responsabilidad.
Las recientes controversias han salpicado a figuras clave del Ejecutivo. La excanciller Laura Sarabia salió del cargo en medio del escándalo; el jefe de despacho, Alfredo Saade, fue duramente criticado por anunciar fechas de un acuerdo aún sin concretar; y se revelaron presuntas irregularidades dentro de la Imprenta Nacional.
Ahora, un nuevo episodio complica el panorama. Miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional denunciaron presiones por parte de la gerencia y del área jurídica para firmar un acuerdo de confidencialidad como condición para recibir información sobre el proceso de pasaportes. Esto ocurrió antes de una reunión de la junta programada para el lunes anterior, que terminó siendo cancelada debido a la negativa de varios miembros a firmar dicho documento.
Según los denunciantes, el acuerdo de confidencialidad fue impuesto como requisito para acceder a información clave del proyecto, entre ellos el denominado “Acuerdo internacional” que la Imprenta firmaría con la Cancillería, así como la aprobación de vigencias futuras necesarias para ejecutar el plan.
La reunión fue convocada de manera irregular, aseguran fuentes consultadas, ya que no fue citada por el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, quien actúa como presidente de la junta directiva, sino por la subgerente administrativa y financiera de la entidad. Berdugo, consultado por la revista Semana, confirmó que no convocó la asamblea y agregó que, por instrucciones del ministro Armando Benedetti, cualquier asunto relacionado con la Imprenta sería tratado directamente por Alfredo Saade.
Saade, sin embargo, no respondió a los requerimientos de la publicación de la revista en mención.
El documento que se exigía firmar a los miembros de la junta, titulado “Acuerdo de confidencialidad para miembro de la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, proyecto impresión en seguridad – pasaportes”, contiene cláusulas altamente restrictivas. Entre ellas, permite auditorías espontáneas de los medios electrónicos personales de los miembros, exige autorización previa de la gerencia para discutir temas abordados en la junta, y establece un plazo de 24 horas para reportar cualquier incumplimiento.
Aunque el acuerdo no detalla sanciones concretas, sí indica que estas quedarán a discreción de la gerente general, lo cual ha sido interpretado por los directivos como una amenaza directa a su independencia.
“Esto implica que nos pueden auditar los computadores sin previo aviso, expulsarnos de la junta sin respetar el debido proceso, y nos imponen una obligación de confidencialidad de por vida. Además, se nos prohíbe denunciar irregularidades sin autorización. Es una mordaza institucional”, señaló uno de los denunciantes.
La reunión fue aplazada sin fecha ni hora definida, mientras crecen las tensiones alrededor de un proyecto que sigue rodeado de incertidumbre, presiones y dudas sobre su legalidad y transparencia.
