La Sección Primera del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad contra el decreto 0799 de 2024, expedido por el Ministerio de Justicia, el cual modificó las reglas de competencia para conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente de la República, quitándole dicha atribución al alto tribunal.
La decisión abre la puerta a un análisis de fondo sobre la legalidad del decreto, que ha sido cuestionado por presuntamente vulnerar el principio de separación de poderes y afectar el sistema de controles institucionales sobre el jefe de Estado.
Además, el alto tribunal deberá decidir si acoge la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la que se busca la suspensión provisional del decreto mientras se adelanta el estudio de fondo. De ser aceptada, se restituiría temporalmente la competencia del Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas que se presenten contra el mandatario.
El caso podría marcar un precedente importante sobre los límites del poder reglamentario del Ejecutivo y el papel de los tribunales en el control de los actos que afectan derechos fundamentales y la arquitectura institucional del país.
Se espera que en los próximos días la Sección Primera se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada.
