El caso por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay sigue moviéndose entre los despachos judiciales y el debate político. Esta vez, el abogado de la familia, Víctor Mosquera, elevó una petición contundente: que el crimen sea declarado de lesa humanidad, bajo el argumento de que no se trató de un hecho aislado, sino de un ataque sistemático contra miembros de la oposición. Mosquera reveló que la Fiscalía ya ha capturado a más de seis autores materiales del homicidio, pero advirtió que falta identificar y judicializar a los autores intelectuales. En esa línea, apuntó hacia alias El Zarco, presunto integrante de la Segunda Marquetalia, quien —según altos funcionarios del Gobierno— estaría vinculado al magnicidio. “Este crimen no fue cometido de forma aislada, sino de manera sistemática contra miembros de la oposición”, insistió. El abogado exigió que se tomen declaraciones formales a los funcionarios que han hecho señalamientos públicos y que se traduzcan en imputaciones concretas. También recordó que en Colombia han pasado más de 36 años sin un magnicidio de esta magnitud y que la Fiscalía tiene memoria institucional para no repetir errores del pasado. Sobre la ausencia de solicitudes de captura o extradición a Venezuela, donde presuntamente podría estar El Zarco, Mosquera reconoció que existen versiones contradictorias: algunos aseguran que ha muerto, otros que sigue delinquiendo. Por ello, la defensa interpuso una denuncia penal para que las autoridades competentes confirmen su paradero. “No tengo conocimiento de si esta persona está muerta o delinquiendo en Venezuela”, afirmó. Mosquera también presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de instigar públicamente contra Miguel Uribe. No descartó llevar este señalamiento ante la Corte Penal Internacional. El abogado destacó que agencias internacionales han colaborado en la captura de los autores materiales, acelerando el proceso, aunque evitó dar detalles. “Estas agencias han permitido celeridad y eficacia”, señaló, insistiendo en que todas las hipótesis deben investigarse y que el móvil político del crimen es evidente. “La justicia tiene que llegar hasta el final. Este crimen no puede quedar en la impunidad”, concluyó.
