La reforma que se propone representa una oportunidad histórica para construir una educación pública gratuita, sostiene el mandatario departamental.
El Gobierno nacional busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para garantizar la financiación universitaria.
Atlántico ha mostrado avances significativos en la ampliación de cobertura de la educación pública universitaria y en el indicador del paso inmediato a la educación superior, todo esto por la implementación de estrategias conjuntas entre los distintos niveles de gobierno que tienen, por ejemplo, estudiando carreras universitarias en 10 sedes de municipios a 5.000 de los 10.000 estudiantes universitarios de municipios, corregimientos y veredas que se beneficiarán en el Gobierno de Eduardo Verano.
En el marco de la tercera audiencia pública convocada por el Ministerio de Educación Nacional para socializar el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró el compromiso de su administración con la ampliación del acceso, la permanencia y la graduación de los jóvenes del departamento en la educación superior pública.
Durante su intervención, Verano destacó que la educación superior no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo social, económico y humano del Atlántico.
En consonancia con la propuesta del Gobierno nacional de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, el mandatario resaltó la necesidad de un nuevo modelo de financiación que responda a los costos reales de operación de las instituciones educativas y que garantice mayor cobertura y calidad.
“Cada peso invertido en educación superior es una apuesta por el capital humano que liderará las transformaciones que necesitamos. La reforma que se propone representa una oportunidad histórica para construir una educación pública gratuita, equitativa y pertinente para todos los colombianos”, afirmó el gobernador.
El gobernador Verano explicó los avances alcanzados en el departamento gracias al trabajo articulado con el Gobierno nacional y las instituciones de educación superior. Hoy, 5.000 jóvenes de municipios del Atlántico cuentan con cupos universitarios gratis, con la meta clara de alcanzar los 10.000 beneficiarios en alianza con la Institución Universitaria de Barranquilla —IUB—. A ello se suma una robusta inversión en infraestructura y dotación en la Universidad del Atlántico, particularmente en su sede de Sabanalarga y en la restauración de la sede de Bellas Artes.
El impacto de estas acciones se ha visto reflejado en los indicadores: en 2024, el Atlántico logró aumentar en 4.4 puntos porcentuales la Tasa de Tránsito Inmediato a la educación superior, pasando del 45.8 % en 2023 al 50.2 % en 2024. Municipios como Piojó, Santo Tomás y Campo de la Cruz han contribuido significativamente a esta mejora.
De igual manera, la Tasa de Cobertura en educación superior también mostró un crecimiento, al pasar del 56.90 % en 2023 (138.715 estudiantes) al 57.73 % en 2024 (141.477 estudiantes), gracias al impulso del Plan Integral de Cobertura (PIC) promovido por el Ministerio de Educación Nacional.
El gobernador respaldó los pilares fundamentales de la reforma presentada por el Gobierno nacional, la cual propone:
– Establecer un nuevo esquema de financiación basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES).
– Asignar un porcentaje del PIB para fortalecer las instituciones públicas.
– Ampliar la base presupuestal de las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y escuelas tecnológicas estatales.
– Dedicar recursos adicionales a infraestructura, bienestar estudiantil y fortalecimiento docente.
“Esta reforma permitirá reducir brechas territoriales y sociales, mejorar la calidad y pertinencia de la oferta académica, y garantizar que más jóvenes, especialmente en las regiones, puedan acceder a una educación superior pública, gratuita y de calidad”, agregó Verano.
El senador Pedro Flórez, ponente del proyecto de ley, explicó la fórmula para mejorar el financiamiento en las universidades. “El DANE ha construido, en consenso con las universidades públicas, un nuevo indicador que es el Índice de Costos Educativos, el ICES, que recoge y que incluye los verdaderos y reales gastos en los que incurren nuestras universidades, que no están incluidos en el IPC; por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carga prestacional de los docentes de estas universidades. Es un ejemplo, de tal manera que el cálculo se va a basar en este nuevo indicador que recoge la realidad de nuestras universidades, lo cual no establece el IPC como se realizó hace 30 años con la Ley”, anotó el senador.
Para el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, es de vital importancia la iniciativa que lidera el Gobierno nacional, que seguirá ampliando la cobertura en educación superior, dando mayores oportunidades a través de la universidad pública.
Precisó que es importante mejorar la fórmula para invertir en educación superior. Explicó que casos como el del Atlántico vienen mostrando resultados satisfactorios, donde el Gobierno ha venido realizando aportes que requieren seguir incrementándose.
“En el Atlántico, por ejemplo, estamos adelantando proyectos de infraestructura. En el municipio de Soledad, Sabanalarga y la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, proyectos que algunos están financiados o, mejor, se están ejecutando a través de Findeter, pero que desde el Ministerio de Educación Nacional hacemos seguimiento. Anunciamos también una inversión superior a los $3.000 millones para infraestructura de colegios y escuelas de preescolar básica y media en el departamento”, expresó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.
Precisó que la iniciativa del Ejecutivo busca garantizar la financiación universitaria para hablar de calidad, bienestar y regionalización.
La audiencia pública, liderada por el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, y el senador Pedro Flórez, coordinador ponente del Proyecto de Ley, se desarrolló en el municipio de Puerto Colombia y contó con la participación activa de más de 200 representantes de la comunidad académica, sociedad civil y autoridades locales.
