A punto de cumplirse un año de la intervención a Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos ya tiene en el tablero la estrategia para reemplazar a la cuestionada empresa de energía que atiende a Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Un borrador de documento Conpes revela que el plan no es otro que desmontar progresivamente a Air-e y crear una nueva compañía que arranque con oxígeno financiero y control estatal.
El esquema contempla tres fases: primero, escindir Air-e para dar vida a una sociedad con poco capital privado. Luego, esa misma empresa pasará a ser 100% pública, tras la compra total de sus acciones. Finalmente, adquirirá los activos esenciales —redes, postes, cables y subestaciones— por un valor cercano a los $980 mil millones.
La jugada incluye un “cruce de cuentas”: las deudas de Air-e con entidades públicas, calculadas en $1,2 billones, se convertirán en participación accionaria de esas mismas entidades en la nueva empresa. Con esto, se abriría la puerta a la liquidación definitiva de Air-e.
Pero el reto no será menor. El diagnóstico habla de una infraestructura en estado “crítico” que demanda $1,52 billones en inversiones para modernizar la red, instalar medidores inteligentes y ampliar subestaciones. Para lograrlo, se necesitará una garantía de la Nación que respalde créditos a largo plazo.
Por ahora, ni la Superservicios ni el Ministerio de Minas y Energía han querido pronunciarse. Sin embargo, el mensaje es claro: el Caribe colombiano se alista para una nueva etapa en el suministro de energía, con el Estado como protagonista.
