La Procuraduría General de la Nación realizará este viernes una inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer si funcionarios de la entidad colaboraron en la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El Ministerio Público busca determinar si la Cancillería, a través de una nota verbal del 21 de mayo de 2025 enviada por la Embajada de Colombia en Managua, habría solicitado al gobierno nicaragüense extender el estatus migratorio de González, pese a que el exfuncionario ya estaba requerido por la justicia.
La Cancillería ha negado cualquier participación y aseguró que la comunicación “no fue consultada ni autorizada”. Además, recordó que para la fecha de la nota el embajador ya había renunciado y que la actual canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, aún no había asumido el cargo.
La Procuraduría ya abrió indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Exteriores, aún sin identificar, para determinar eventuales responsabilidades. El ente de control verificará los trámites que permitieron la residencia de González y el presunto uso de recursos oficiales, como el vehículo y la casa de la embajada en Nicaragua.
