Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera su primera sentencia contra exintegrantes de las FARC, víctimas del conflicto armado han expresado su inconformidad por el reducido plazo de solo tres días hábiles que se les otorgó para apelar el documento judicial, el cual tiene una extensión de 663 páginas.
La molestia fue expresada públicamente a través de redes sociales, donde varias víctimas han denunciado lo que consideran una falta de garantías procesales por parte del tribunal. “Mientras la JEP tardó siete años en emitir esta primera sentencia, nos dan solo tres días hábiles para responder un documento de más de 600 páginas. Es una desproporción inaceptable”, afirmó una de las voceras del grupo de víctimas.
La sentencia en cuestión hace parte del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas FARC-EP y representa uno de los hitos más importantes del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Críticas a la participación efectiva
Diversos sectores de víctimas y defensores de derechos humanos han señalado que el plazo para apelar el fallo no permite una revisión adecuada del contenido ni garantiza el derecho a una participación efectiva, principio fundamental del sistema transicional.
Organizaciones como Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas han reiterado en otras ocasiones que el acceso equitativo y el tiempo razonable son elementos esenciales para que la justicia transicional cumpla su propósito de reparación y verdad.
Llamado a la JEP
Ante la controversia, se espera que la JEP evalúe la posibilidad de ampliar los plazos de apelación y que se garantice una mayor difusión y comprensión del contenido de la sentencia entre las víctimas, muchas de las cuales residen en zonas rurales con dificultades de acceso a internet y asesoría legal.
El caso genera una alerta sobre los retos de la implementación de la justicia transicional y el equilibrio entre la celeridad procesal y los derechos de quienes más han sufrido el conflicto armado.