Los alcances fueron presentados en el Consejo de Política Social que involucra diversos actores del sistema de bienestar familiar del departamento.
En el marco del segundo Consejo Departamental de Política Social (Codpos), presidido por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se priorizaron acciones estratégicas que impactan directamente a mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, poblaciones fundamentales dentro de la agenda social de la actual administración.
La mesa técnica del Consejo, liderada por la Gerencia de Capital Social del Atlántico, confirmó cuórum con la participación de 34 de los 49 miembros que integran las tres mesas operativas del Codpos. En este espacio confluyen secretarías de la administración departamental, actores sociales, el sector empresarial y productivo, la academia y comunidades de especial atención, entre otros.
ESFUERZOS HACIA LAS MUJERES
En el sector Mujer, los esfuerzos se han centrado en la prevención de las violencias basadas en género y en la promoción de la autonomía económica. Programas como Machos+, Rena-Ser y Con Juegos y Sin Miedos han beneficiado a más de 780 personas, promoviendo la sensibilización y la educación en derechos sexuales y reproductivos.
Paralelamente, la Red Departamental de Comisarías de Familia se ha consolidado como un espacio clave para la protección integral de los derechos, mientras que proyectos como Yo Emprendo, Mujeres+ y Soy una Mujer que Brilla con mi Negocio han permitido que cientos de emprendedoras accedan a capacitación, acompañamiento y dotación para fortalecer sus iniciativas productivas. Un logro importante en este proceso ha sido la entrega de la Casa de la Mujer de Baranoa, concebida como centro integral de servicios y formación.
El gobernador destacó la rigurosidad del trabajo desarrollado en el Consejo. “Cada uno de los temas tratados ha sido abordado de manera ordenada y con el respaldo de especialistas de la Gobernación, además de los invitados de las diferentes entidades que integran este espacio. Las cifras son muy alentadoras: por ejemplo, la tendencia al suicidio, medida a través de los intentos, ha disminuido en cerca de un 16 %, lo cual es muy significativo”, afirmó el mandatario departamental.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
La administración departamental ha fortalecido una estrategia integral que articula salud, educación, deporte y empleo. A través de jornadas de atención psicosocial, valoraciones médicas y talleres de rehabilitación, se ha brindado acompañamiento tanto a los beneficiarios como a sus cuidadores.
En materia educativa, se ha avanzado con profesionales de apoyo pedagógico, asistencia técnica a docentes y la entrega de materiales tecnológicos accesibles. Asimismo, más de 92 emprendimientos han recibido respaldo y más de 160 personas han participado en procesos de formación en artesanías y alfabetización digital.
AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO
La sesión contó con la auditoría de la procuradora quinta judicial, Zoraida Valencia, quien subrayó la necesidad de reforzar las acciones contra la violencia de género, el maltrato a la mujer, la atención a las personas mayores y el fortalecimiento de las comisarías de familia.
Karina Llanos dio seguimiento a los compromisos establecidos en la primera sesión del Consejo, especialmente aquellos relacionados con la atención a las poblaciones vulnerables.
“Hemos sido muy rigurosos en saber escuchar a todos los actores en estas plenarias, para posteriormente hacer seguimiento y cumplimiento de los compromisos para fortalecer nuestras políticas para el desarrollo social del departamento”, explicó la funcionaria.
En el espacio también se resaltó el papel de las personas mayores en programas de cuidado, recreación y participación social implementados en municipios como Galapa, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad, Suan, Usiacurí y Polonuevo. Estas iniciativas han buscado garantizar entornos de bienestar y fortalecer las redes comunitarias de apoyo a la población de la tercera edad.
Al cierre del Consejo, se establecieron nuevos compromisos orientados a prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes por parte de bandas delincuenciales.
