El hijo mayor del presidente Gustavo Petro vuelve este miércoles al banquillo judicial en un día que podría ser decisivo para su futuro inmediato. La Fiscalía imputará a Nicolás Petro Burgos tres nuevos delitos: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, y además pedirá una medida de aseguramiento en su contra.
La diligencia estará a cargo de la fiscal Lucy Marcela Laborde, delegada contra el lavado de activos, quien ya había acusado a Petro Burgos por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Estos nuevos señalamientos se centran en la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que habría recibido contratos por más de 2.400 millones de pesos en convenios con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.
Chats revelados por Semana hacen parte del expediente. En ellos, Petro y su expareja Daysuris Vásquez hablan de movimientos de dinero en efectivo, gastos personales y estrategias políticas. También se mencionan nombres como el de Gustavo De la Ossa, responsable de Fucoso; Raúl Lacouture, exsecretario de Hacienda departamental; y Pedro Name, expareja de Vásquez.
En uno de esos intercambios, Petro asegura haber recibido “10 cupos” en el Ministerio del Interior, con la intención de distribuirlos entre apoyos políticos y familiares. La Fiscalía considera estas conversaciones como prueba de tráfico de influencias.
La audiencia se da en medio de tensiones internas en la misma Fiscalía, luego de que la fiscal Laborde denunciara “intromisiones” en el caso, como la designación de una funcionaria de apoyo sin su consentimiento, quien ya habría sido retirada.
Si el juez acoge la solicitud del ente acusador, Nicolás Petro podría enfrentar este proceso privado de la libertad en un centro carcelario. El desenlace marcará un nuevo punto de inflexión en un caso que combina política, justicia y un alto grado de controversia pública.
