Un ataque perpetrado por disidencias del grupo identificado como ‘Mordisco’ sacudió en la madrugada al municipio de Suárez, Cauca, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de zonas civiles, acompañado del lanzamiento de cilindros explosivos y ráfagas de fusil, informaron autoridades locales.
Según el reporte oficial, el atentado habría dejado 2 civiles muertos y provocó heridos entre la comunidad y un miembro de la Policía, cuya condición fue reportada como lesionado. Las detonaciones y el fuego cruzado generaron pánico entre los residentes y causaron daños en viviendas y comercios cercanos.
La Gobernación y las Fuerzas Armadas rechazaron el acto terrorista y anunciaron la oferta de hasta $200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables o anticipar nuevos atentados. En comunicación oficial, las autoridades señalaron que la recompensa será entregada por datos “veraces, precisos y oportunos” que faciliten la desarticulación de la estructura criminal.
El gobierno nacional calificó el hecho como un signo de desesperación de la estructura criminal, atribuyéndolo al debilitamiento de sus fuentes de financiación —narcotráfico, minería ilegal y extorsión— como resultado de las operaciones militares y policiales recientes en la región.
En la mañana del atentado, representantes del Ejecutivo se reunieron con la cúpula militar y policial y anunciaron que reforzarán las operaciones en el suroccidente del país, con especial énfasis en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. En el comunicado se destacó además que, en los últimos meses, las fuerzas de seguridad han neutralizado a 724 integrantes de grupos armados organizados (un 23% más que en 2024) y que en el Cauca se ha logrado la neutralización o sometimiento de 6 de los 7 cabecillas más peligrosos que operan en el departamento.
Las autoridades acordonaron el área del atentado mientras unidades especializadas realizaban labores de inspección, recolección de evidencias y remoción de escombros. La Fiscalía y el CTI iniciaron la respectiva investigación penal para esclarecer la autoría material e intelectual del ataque.
Vecinos del municipio expresaron su consternación y temor ante la escalada de violencia. “No podemos seguir viviendo con miedo; exigimos garantías y presencia estatal permanente”, dijo un residente que prefirió mantener su nombre en reserva.
El gobierno reiteró su compromiso de garantizar verdad, justicia y protección a las víctimas y sus familias y anunció que las autoridades regionales y nacionales permanecerán en la zona hasta lograr resultados operativos que eviten nuevos episodios de violencia.
