El presidente Gustavo Petro deberá decidir si abre un proceso de diálogo con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, tras una solicitud formal de esa organización para entrar en el marco de la política de “paz total”.
La petición, enviada el 11 de octubre por Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa —uno de los fundadores del Tren de Aragua y actualmente preso en La Picota a la espera de extradición a Chile— propone colaborar con el Estado en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de redes criminales.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió destacando el “interés genuino” del grupo y remitió la decisión final al presidente, conforme a la Ley 2272 de 2022. La postura sorprendió, pues contrasta con el rechazo inmediato que había expresado el exministro de Justicia Eduardo Montealegre.
El eventual diálogo abre un debate político y jurídico, dado el carácter transnacional del Tren de Aragua. Mientras Petro ha sostenido ante Naciones Unidas que no se trata de una organización terrorista, EE. UU. —bajo la administración de Donald Trump— la ha calificado como red terrorista aliada del Cartel de los Soles, presuntamente vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro.
Además de Larry Changa, otros tres miembros del grupo han manifestado interés en una negociación, todos con pedidos de extradición en curso.
