Desde este miércoles y jueves, Colombia conmemora los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, un episodio que dejó 94 muertos —entre ellos once magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado— y un número indeterminado de desaparecidos. A cuatro décadas, las heridas siguen abiertas y el debate sobre la responsabilidad del M-19 y de la fuerza pública continúa generando controversia en el país.
El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia de Bogotá, exigiendo la implementación de los acuerdos de paz firmados un año antes y buscando juzgar al entonces presidente Belisario Betancur. Lo que empezó como un acto de protesta armado se convirtió en un enfrentamiento de 28 horas, que culminó en un incendio que redujo gran parte del edificio a cenizas.
Según el informe de la Comisión de la Verdad de 2010, “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”. Entre las víctimas estaban el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y otros magistrados que habían recibido amenazas previas relacionadas con el debate del tratado de extradición con Estados Unidos, asunto que involucraba al narcotráfico.
Polémica política y memoria disputada
A 40 años, la conmemoración se ha visto marcada por la polémica política. El presidente Gustavo Petro, quien formó parte del M-19, ha ofrecido una versión de los hechos cuestionada por familiares de las víctimas. Helena Urán Bidegain, investigadora e hija del magistrado Carlos Horacio Urán, desaparecido y asesinado tras sobrevivir al ataque inicial, aseguró a EFE que “desde el primer día hubo manipulación de la información y abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas”.
La controversia resurgió luego de que Petro señalara en redes que el magistrado Urán era amigo de Andrés Almarales, uno de los jefes guerrilleros de la toma. Sin embargo, expertos y familiares de las víctimas sostienen que se trata de una versión que busca justificar o minimizar la responsabilidad del M-19, mientras que Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz asesinado por la guerrilla, denunció que “hoy se quiere borrar un crimen de lesa humanidad”.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aseguró que “la toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista”, en línea con lo que varias sentencias del Consejo de Estado han determinado.
Conmemoración y homenaje a las víctimas
Este año, la ciudad de Bogotá ha preparado varios actos de memoria. Entre ellos, se destaca la instalación artística ‘Sintiendo la memoria’, en la Secretaría de Cultura, y la proyección de mapping ‘El Palacio cobra vida’ en la fachada del edificio histórico. El homenaje central será el viernes 7 de noviembre, cuando el Poder Judicial en pleno rendirá un tributo solemne a las víctimas, destacando la necesidad de verdad completa y justicia.
A pesar de la reconstrucción física del Palacio, el recuerdo del clamor de Reyes Echandía —“¡Que cese el fuego!”— resuena como un símbolo de lo que no se atendió y como un llamado a que la memoria histórica no sea manipulada por intereses políticos.
El legado de la tragedia
La toma del Palacio de Justicia marcó un antes y un después en la política y la justicia colombianas. Además de las vidas perdidas, el episodio expuso la fragilidad institucional frente a la violencia armada y dejó lecciones que todavía resuenan en la manera en que se analizan la memoria histórica, la responsabilidad estatal y la reconciliación con las víctimas del conflicto.
Cuatro décadas después, mientras Colombia conmemora la tragedia, la discusión sobre verdad, justicia y memoria sigue vigente, recordando a las nuevas generaciones la importancia de preservar la historia y evitar que se repitan errores del pasado.
