A pocas horas de que entraran en vigor las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, legisladores opositores denunciaron una avalancha de contratos interadministrativos firmados por entidades del Gobierno por más de $2,1 billones.
Según la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), entre el 7 y 8 de noviembre se registraron más de $1,5 billones en convenios, de acuerdo con la plataforma Colombia Compra Eficiente. “Sin concursos, sin reglas, sin convocatorias públicas. Esto no es gestión, es convertir recursos públicos en maquinaria electoral a favor del Pacto Histórico”, afirmó la congresista.
El concejal bogotano Daniel Briceño (Centro Democrático) también advirtió que, entre el 1 y el 7 de noviembre, distintas entidades firmaron convenios por $2,1 billones, distribuidos así: el Ministerio del Trabajo, $770.095 millones; el ICBF, $311.686 millones; el Ministerio del Interior, $292.700 millones; y el Ministerio del Deporte, $155.039 millones.
“Hay demasiada plata destinada a organizaciones indígenas, eventos y temas políticos. ¿Dónde está la Contraloría?”, cuestionó Briceño.
La Ley de Garantías impide desde el pasado fin de semana la firma de nuevos convenios interadministrativos hasta después de las elecciones, precisamente para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.
