En medio de los discursos oficiales sobre desescalamiento del conflicto y apuesta por la “paz total”, el Gobierno colombiano confirmó la adquisición de 17 aviones de combate Gripen por un valor de $16,5 billones, en un acuerdo firmado con la fabricante sueca SAAB.
Los nuevos aparatos, que sustituirán a los ya obsoletos Kfir, llegarán equipados con sistemas de alta tecnología, sensores de última generación y armamento sofisticado, lo que representa uno de los paquetes militares más costosos de las últimas décadas.
El contrato incluye además adecuaciones en infraestructura, mantenimiento, soporte logístico y capacitación del personal para operar la flota, una inversión que para varios sectores resulta difícil de justificar en un país con urgencias sociales como la pobreza multidimensional, la inseguridad rural y el estancamiento de proyectos de reincorporación.
Un gasto que abre debate
Críticos de la operación señalan que el Gobierno envía un mensaje contradictorio al destinar miles de millones a fortalecer la capacidad bélica del Estado mientras insiste en priorizar el diálogo con grupos armados y en promover una agenda de reconciliación.
Organizaciones sociales y analistas cuestionan si la compra responde realmente a necesidades estratégicas o si se trata de una apuesta desproporcionada en un momento de restricciones fiscales.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se defiende la decisión argumentando que los Kfir han agotado su vida útil y que el país requiere garantizar la soberanía aérea y mantener capacidades mínimas de defensa.
Mientras tanto, la inversión en los Gripen se convierte en un nuevo punto de tensión dentro del debate nacional entre las promesas de paz y el alto costo de la preparación militar.
