La Procuraduría General de la Nación anunció que investigará, con “serenidad, imparcialidad y rigor”, los bombardeos realizados esta semana por las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca, hechos en los que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las FARC.
El Ministerio Público lamentó la muerte de los menores y reconoció la compleja labor de los uniformados en la defensa de la seguridad nacional. Sin embargo, exhortó a las FF.MM. a reforzar de manera permanente los protocolos operacionales que garanticen el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
La entidad también pidió mantener los más altos estándares éticos y jurídicos durante las operaciones, privilegiando la protección de la vida y la dignidad de las víctimas.
Alarma por reclutamiento forzado
La PGN hizo un fuerte llamado de atención por el aumento “desmesurado” del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Entre 2024 y 2025, más de 740 niños, niñas y adolescentes habrían sido vinculados a estas estructuras criminales, según cifras oficiales.
Solo en 2024 se registraron 578 víctimas, de las cuales 277 eran indígenas. Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare.
Por su parte, el ICBF reportó que 370 menores han sido recuperados de manos de estas organizaciones entre 2024 y lo corrido de 2025.
La Procuraduría rechazó este crimen por arrebatar “la infancia, la libertad y, en muchos casos, la vida”. Recalcó que ninguna causa o ideología justifica el uso de menores en la guerra y subrayó que este delito no es amnistiable ni debe ser socialmente perdonado.
