Colombia amaneció nuevamente bajo el impacto de un escándalo que toca las puertas del Gobierno, sacude al Ejército y salpica incluso a la vicepresidenta Francia Márquez. Las revelaciones conocidas el domingo, basadas en archivos incautados a las disidencias de las FARC en 2024, insinúan posibles conexiones entre altos funcionarios y alias ‘Calarcá’, cabecilla de una de las estructuras más violentas de ese grupo.
Se trata de una crisis que combina política, inteligencia militar y desconfianza institucional, y que ya motivó reacciones del Presidente, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y dirigentes políticos de todas las orillas.
El origen del escándalo
Según Noticias Caracol, en computadores y celulares tomados durante operaciones contra las disidencias habría correos en los que alias ‘Calarcá’ instruye a sus hombres a reunirse con un general del Ejército identificado como Juan Miguel Huertas —hoy jefe del Comando de Personal— supuestamente para coordinar “negocios”.
En esos intercambios, de acuerdo con la investigación periodística, se menciona también a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y se sugiere que su posición habría sido respaldada por la vicepresidenta Francia Márquez, quien rechazó de manera tajante cualquier vínculo.
El general Huertas responde
Huertas calificó de “fabricación malintencionada” la información revelada, aseguró que nunca ha tenido nexos con disidencias y que su carrera de más de tres décadas ha estado guiada por “honor y legalidad”. También negó haber viajado a Venezuela para sostener encuentros clandestinos.
La defensa del funcionario de Inteligencia
Desde la DNI, Wilmar Mejía se declaró ajeno a cualquier reunión, entrega de información o intento de beneficiar a grupos ilegales. También negó haber buscado influir en trámites de armas o movidas en la Superintendencia de Vigilancia.
Las investigaciones ya avanzan
El escándalo no se quedó en comunicados. El Ejército abrió investigaciones internas para determinar si Huertas incurrió en alguna falta durante su ejercicio. Por su parte, la Fiscalía —criticada por no haber actuado durante 16 meses pese a tener, en teoría, acceso al material incautado— anunció una intervención inmediata para esclarecer si hubo cooptación de agentes de inteligencia, filtración de información militar o incluso financiación irregular de campañas.
La Procuraduría también abrió indagación previa contra Huertas y Mejía, cuyos nombres aparecen en supuestas filtraciones de movimientos de tropas en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar, y en la presunta asesoría a disidentes para crear empresas de seguridad fachada.
La respuesta del Presidente
El presidente Gustavo Petro negó categóricamente todo lo publicado y afirmó que los informes sobre Huertas y Mejía son “falsos”. Según él, esta filtración busca eliminar a funcionarios que han denunciado corrupción dentro del propio Ejército, mencionando episodios como el robo de armas en La Guajira.
La política reacciona
El presidente del Senado, Lidio García, advirtió que, si se confirma lo revelado, se trataría de uno de los episodios más graves para la seguridad nacional en años. Juan Carlos Pinzón afirmó que la cercanía entre el Gobierno y grupos ilegales “es evidente”, mientras Sergio Fajardo calificó la situación como “una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano”. Humberto de la Calle pidió transparencia total y decisiones contundentes.
