Gobernación del Atlántico, Policía Nacional y AQsur avanzan en denuncias individualizadas ante la Fiscalía para sancionar a los responsables. La empresa dispuso la línea de WhatsApp 316 900 6116 para denunciar a personas que atenten contra la infraestructura del acueducto.
El gobernador Eduardo Verano advierte que cada litro de agua robado puede dejar un hogar sin servicio y que la Gobernación actuará con decisión y todo el peso de la ley contra quienes afecten los acueductos regionales.
Manatí, Atlántico, 25 de noviembre de 2025. La Gobernación del Atlántico acompañó un operativo de gran escala para identificar, desconectar y judicializar las conexiones irregulares que estaban afectando el acueducto regional Manatí–Candelaria.
Durante la intervención se detectaron 30 puntos de fraude entre la bocatoma del Canal del Dique y la planta de tratamiento, así como en las conducciones hacia el municipio de Candelaria, lo que ocasiona una pérdida mensual de aproximadamente 34.000 metros cúbicos de agua potable.
Las conexiones ilegales, ubicadas en fincas, criaderos, industrias y jagüeyes, impedían que el agua llegara a las comunidades de Manatí, Candelaria, Leña y Carreto con continuidad y presión adecuadas, especialmente en la temporada seca.
La secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina, explicó que estos fraudes representan uno de los flagelos más graves que enfrenta el departamento.
“Hoy encontramos jagüeyes llenos con agua potable, con prueba de cloro positiva. Esa agua que se están robando es la misma que hacemos el esfuerzo de tratar y optimizar para consumo humano y que luego le falta a la comunidad cuando llega el verano y baja la presión. Más de 34.000 metros cúbicos al mes se pierden solo en esta zona, lo que supera los 127 millones de pesos en pérdidas”, indicó.
La secretaria hizo un fuerte llamado a la comunidad a tener en cuenta que estos comportamientos se constituyen en un delito que acarrea meses de cárcel y sanciones económicas de hasta 150 salarios mínimos, porque mientras se llena un jagüey o se riega un cultivo con agua potable, una comunidad en Manatí o en Candelaria se queda sin agua.
Ospina también destacó que entre enero y noviembre de 2025 se han realizado 20 operativos de desconexiones ilegales en esa zona y que estos delitos obligan a desviar recursos humanos y operativos.
“El operador cuenta con un equipo de más de 30 técnicos para identificar y reparar daños causados por las conexiones ilegales, mientras que la Policía destinó más de 20 uniformados para acompañar el operativo. Todo ese personal debería estar enfocado en mejorar los sistemas, no en corregir fraudes”, precisó.
La Gobernación y AQsur anunciaron que las denuncias ante la Fiscalía se harán ahora individualizadas, utilizando las coordenadas exactas de cada predio infractor.
“Ya no serán denuncias contra terceros indeterminados. Cada propietario tendrá que responder ante la ley”, afirmó la secretaria.
El director operativo de AQsur, Luis Alfredo Galán, aseguró que la empresa mantendrá los operativos de manera permanente. “Vamos a tener mano dura contra los delincuentes que roban agua, especialmente en esta temporada de verano”, sostuvo.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, envió un mensaje contundente frente a la defensa del recurso hídrico. “Proteger el agua es proteger la vida. No vamos a permitir que unos pocos afecten el derecho de miles de familias. Cada litro robado es un hogar sin servicio, y por eso actuaremos con decisión, autoridad y todo el peso de la ley”, anunció el mandatario departamental.
Dentro de los predios conectados de manera ilegal se encuentran: la Fundación Vides, el Parque Industrial Araguaney, Fábrica de Bloques Construblock, Granja El Paso, Fábrica de Carbón Vegetal, Finca con crías de caballos, Finca Los Corrales, Predio de uso residencial, Finca Maida 1 y Finca Maida 2.
La administración departamental recordó que el hurto de agua potable es un delito que puede acarrear meses de cárcel y sanciones hasta por 150 salarios mínimos legales vigentes.
AQsur habilitó la línea de WhatsApp 316 900 6116 para denunciar fraudes y daños a la infraestructura del acueducto.
