La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró al territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado colombiano dentro del Caso 08, que investiga crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles.
El anuncio fue hecho ante 50 representantes de comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas, luego de que la Sala de Reconocimiento aceptara la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de los Montes de María (OPDs), que reúne a más de 25 comunidades.
Con esta acreditación, el territorio —a través de sus voceros— podrá participar en todas las etapas del proceso judicial: aportar pruebas, intervenir en versiones voluntarias, asistir a audiencias públicas y acceder a medidas restaurativas y garantías de no repetición.
Daños ambientales, culturales y sociales
La magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso Montes de María, explicó que existen pruebas suficientes para acreditar la profunda afectación sufrida por este territorio, que comprende 15 municipios entre Sucre y Bolívar.
Los daños documentados trascienden lo humano e impactan directamente el ecosistema, las dinámicas sociales y la vida colectiva. Entre ellos, la JEP resaltó:
Destrucción de ecosistemas y transformación del bosque seco tropical.
Desplazamiento masivo y abandono forzado de tierras.
Despojo y acaparamiento de recursos hídricos.
Alteración de prácticas agrícolas tradicionales y afectación de la seguridad alimentaria.
Ruptura de redes comunitarias, espirituales y culturales.
La violencia —incluyendo masacres, desapariciones, violencia sexual y detenciones arbitrarias— marcó de manera determinante la región, generando miedo, estigmatización y desestructuración del tejido comunitario. Según datos analizados en el caso, en Montes de María se registran 230.565 víctimas y más de 16.000 hectáreas restituidas.
Territorio como sujeto de derechos
La decisión se fundamenta en una visión biocultural que reconoce al territorio como un sujeto con identidad, memoria y vínculos espirituales. Para la JEP, esta acreditación materializa un ejercicio de pluralismo jurídico al integrar los sistemas normativos y la cosmovisión de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El reconocimiento también se conecta con otros territorios ya acreditados como víctimas en el Caso 08, entre ellos el Canal del Dique y el río Magdalena, debido a la relación histórica, ecológica y cultural entre ellos.
Un paso histórico para las comunidades
El acto de notificación se realizó en Ovejas (Sucre), donde representantes de las OPDs y de otras organizaciones expresaron que esta decisión es un logro regional y un hito en la lucha por el reconocimiento de los daños sufridos.
“Este auto es un triunfo para la región y para el país. Nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a llevar su significado a todos los rincones de los Montes de María”, señaló uno de los voceros.
La declaración abre el camino hacia medidas de reparación biocultural y socioecológica que integren restauración ambiental, sanación espiritual y reconstrucción del tejido comunitario.
La decisión final sobre responsabilidades y medidas restaurativas será tomada por la Sala de Reconocimiento dentro de las conclusiones del Caso 08, que continúa en curso.
