La Fiscalía General de la Nación imputó este miércoles a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, así como al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez, por su presunta participación en la venta irregular de dos predios afectados con medidas cautelares en el corredor vial Barranquilla–Puerto Colombia.
Según el ente investigador, los tres funcionarios habrían incurrido en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, al avalar entre 2009 y 2010 un acuerdo que permitió la comercialización directa de los predios conocidos como Cuba y Casablanca, pese a que ambos estaban sometidos a medidas con fines de extinción de dominio.
Terrenos vendidos por debajo de su valor real
De acuerdo con la Fiscalía, la transacción se efectuó por cerca de 3.500 millones de pesos, una cifra sustancialmente inferior al avalúo real, que superaba los 36.000 millones. Esta operación habría favorecido a terceros y generado un detrimento patrimonial de aproximadamente 20.000 millones de pesos en el caso del predio Casablanca.
En cuanto al predio Cuba, aunque no se concretó el daño total, se estableció una tentativa de apropiación ilícita.
Funcionarios habrían conocido las restricciones
El organismo investigador señaló que los elementos materiales probatorios recaudados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema evidencian que tanto los dos magistrados como el entonces procurador tenían conocimiento de las limitaciones jurídicas que recaían sobre los predios. Aun así, habrían autorizado la operación que permitió su venta.
Los tres imputados deberán responder ahora ante la justicia por las presuntas irregularidades en el manejo de bienes sometidos a medidas de protección estatal.
