El recrudecimiento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia ha generado creciente preocupación, en un contexto marcado por recientes operaciones aéreas ordenadas por el Gobierno y en las que han muerto niños y adolescentes incorporados de forma forzada al conflicto.
De acuerdo con estimaciones de Unicef, actualmente en el país un menor es reclutado o utilizado para la guerra, en promedio, cada 20 horas. Entre 2019 y 2024, este fenómeno habría aumentado cerca de un 300 %, impulsado, entre otros factores, por la expansión de las redes sociales como mecanismo de captación.
La polémica se reavivó tras el bombardeo del 10 de noviembre en zona selvática del Guaviare, dirigido contra estructuras de las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’. En esta operación fallecieron 19 integrantes de ese grupo, entre ellos siete menores reclutados. Fue la acción militar más letal desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en 2022 y abrió un debate nacional sobre la protección de los derechos de la niñez en operaciones de alto impacto.
El Gobierno ha ejecutado al menos una docena de bombardeos en los últimos 18 meses; en cuatro de ellos, desde agosto, murieron al menos 15 menores. Críticos del Ejecutivo señalan un cambio en su política de seguridad, recordando que Petro cuestionó este tipo de operaciones en gobiernos anteriores debido al riesgo que representaban para niños y adolescentes reclutados.
El presidente expresó disculpas a las familias, aunque insistió en que las acciones militares se desarrollan conforme al Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo de suspender bombardeos en zonas donde podría haber menores, advirtiendo que hacerlo, según su criterio, incentivaría nuevos reclutamientos.
En departamentos como Cauca —uno de los más afectados por el conflicto y donde se concentra más de la mitad de los casos reportados—, los recientes hechos han elevado las alarmas. Organizaciones como el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz sostienen que el reclutamiento se ha intensificado de manera visible. Su representante, Sofía López, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para exigir medidas profundas de prevención y protección. La acción fue declarada improcedente, aunque el colectivo anunció que acudirá a instancias superiores.
En terreno, mujeres del Cauca han conformado la Guardia Intercultural Humanitaria, colectiva que ha logrado rescatar a cinco menores en poco más de un año. Su labor, aseguran, suple la ausencia de acciones estatales efectivas para localizar a niños desaparecidos o reclutados. Relatan que en varios municipios los grupos armados han llegado incluso hasta instituciones educativas para intentar captar jóvenes mediante promesas de dinero, motocicletas y armamento.
Según datos recopilados por el Movimiento, existen 709 investigaciones activas en fiscalías del Cauca por reclutamiento forzado desde 2022, aunque estiman que la cifra real podría superar los 1.200 casos. Para las organizaciones, el problema es de naturaleza estructural y no se resuelve exclusivamente mediante bombardeos.
En su tutela, el Movimiento también cuestiona fallas institucionales en la respuesta estatal y la falta de un liderazgo articulado para enfrentar el fenómeno, así como los riesgos que implica adelantar operaciones militares en zonas donde hay presencia de menores.
El debate seguirá avanzando en medio de dos desafíos simultáneos para el Gobierno: detener la expansión de grupos armados con creciente capacidad territorial y garantizar que las acciones de fuerza no pongan en riesgo a la población más vulnerable del conflicto: los niños y adolescentes reclutados de manera ilegal.
