La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles del proceso judicial contra José Eduardo Chalá Franco, taxista señalado de provocar un grave accidente de tránsito en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, cuando presuntamente conducía en estado de embriaguez grado tres.
Durante la audiencia realizada este viernes 19 de diciembre, el ente acusador le imputó el delito de homicidio agravado, luego del fallecimiento de una adolescente de 15 años que había resultado gravemente herida en el siniestro ocurrido el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita. En el hecho, el vehículo arrolló a 11 personas.
Inicialmente, Chalá Franco había aceptado cargos por tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas. Sin embargo, tras la muerte de la menor, la Fiscalía modificó la imputación y le atribuyó responsabilidad por homicidio agravado consumado. El procesado permanece privado de la libertad.
En su intervención, la fiscal del caso sostuvo que el conductor era plenamente consciente del riesgo que asumía al manejar bajo los efectos del alcohol, más aún por tratarse de un conductor profesional.
“Teniendo en cuenta que usted ejerce el oficio de conducir a diario, que conoce perfectamente los peligros y consecuencias de manejar en estado de embriaguez, que violó señales de tránsito y que sabía que este resultado podía producirse, aceptó esa probabilidad al continuar conduciendo en grado tres de embriaguez”, señaló la funcionaria judicial.
La Fiscalía explicó además que el vehículo automotor fue utilizado como un medio idóneo para producir el daño, dadas las condiciones en las que era conducido. El dictamen de Medicina Legal estableció que la menor falleció por un trauma craneoencefálico severo producto del atropellamiento, lo que permitió establecer un nexo directo entre el accidente y el deceso.
Aunque el acusado no aceptó los cargos por la nueva imputación, la Fiscalía advirtió que, al tratarse de una víctima menor de edad, la pena podría aumentar considerablemente. De acuerdo con el Código Penal, el delito de homicidio agravado podría acarrear una condena de entre 500 y 700 meses de prisión, es decir, más de 40 años de cárcel.
