Más de 100 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia en lo corrido de 2025, de acuerdo con un boletín de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en varias regiones del país.
Según la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron 101.474 personas desplazadas de manera forzada como consecuencia del conflicto armado. A esta cifra se suman 110.375 personas que permanecen en situación de confinamiento, imposibilitadas para movilizarse o acceder a bienes y servicios básicos por la presencia de actores armados.
El informe señala que durante este periodo se documentaron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, situaciones que han afectado gravemente los derechos fundamentales de comunidades enteras, incluidos niños, niñas y adolescentes.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran el mayor número de personas desplazadas, mientras que Chocó, Cauca y Huila presentan los índices más críticos de confinamiento. Para la Defensoría, el incremento sostenido de estas cifras evidencia que la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país.
Ante este panorama, la entidad hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para implementar políticas específicas de prevención y respuesta, con enfoque territorial y presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.
El boletín también advierte sobre la presión migratoria que enfrenta Colombia. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, en su mayoría provenientes de Venezuela. Del total, el 40,41 % son mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se registró un flujo de migración inversa por la frontera con Panamá: 19.134 personas ingresaron a Colombia por la ruta de La Miel hacia Capurganá, en el departamento del Chocó. En este grupo, el 55,8 % corresponde a hombres, el 25,3 % a mujeres y el 19 % a menores de edad, con Venezuela nuevamente como el principal país de origen.
La Defensoría del Pueblo advirtió que estos fenómenos de desplazamiento, confinamiento y migración vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, el acceso al agua potable, la vivienda digna y el saneamiento básico, e insistió en la necesidad de una respuesta integral y sostenida del Estado para atender la emergencia humanitaria.
