El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, con un documento que plantea cambios estructurales al Estado colombiano, entre ellos retirar la autonomía al Banco de la República y la creación de un tribunal constitucional autónomo, separado de la actual Corte Constitucional.
La iniciativa fue reactivada esta semana tras la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional, presentado como un mecanismo de iniciativa popular. El documento, de 36 páginas, expone los argumentos con los que el Ejecutivo busca justificar la convocatoria, señalando un supuesto bloqueo institucional y omisiones legislativas que, según el Gobierno, han impedido materializar reformas sociales y garantizar plenamente los derechos fundamentales.
Entre las propuestas más controvertidas está la transformación del modelo económico y una “actualización” del Banco de la República, institución cuya independencia ha sido cuestionada reiteradamente por el mandatario. También se plantea la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo, lo que modificaría uno de los pilares del actual ordenamiento jurídico.
El proceso apenas inicia. La Registraduría deberá verificar en los próximos días si el comité cumple los requisitos legales. De avanzar, el Congreso tendría que aprobar una ley que convoque a los colombianos a votar si desean o no una Constituyente, trámite que, según expertos, no alcanzaría a concretarse durante el actual Gobierno y quedaría en manos del próximo Congreso a partir de julio de 2026.
La eventual Asamblea estaría integrada por 125 constituyentes y su convocatoria solo sería válida si al menos un tercio del censo electoral, cerca de 13 millones de ciudadanos, vota afirmativamente.
Mientras el presidente insiste en que se respetará la Constitución de 1991 y que será el pueblo quien decida, sectores jurídicos y políticos advierten que la propuesta tendría un fuerte componente electoral y estratégico, además de servir como herramienta de presión frente al Congreso y como eje del debate político rumbo a 2026.
