Un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de corrupción integrada por funcionarios públicos y particulares que presuntamente cobraba millonarios sobornos para direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos.
Las capturas se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), donde fueron detenidas nueve personas, entre ellas oficiales de la Policía Nacional, miembros del CTI y exfuncionarios del Inpec.
Entre los implicados se encuentran:
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Policía Nacional: capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.
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CTI: Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.
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Exfuncionarios: Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.
Cómo operaba la red
Según la Fiscalía, los investigados aprovechaban sus cargos para exigir entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. Los sobornos buscaban:
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Evitar medidas cautelares y extinción de dominio sobre sus bienes.
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Impedir la ejecución de órdenes de captura.
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Manipular otros procedimientos judiciales en su contra.
Los hechos documentados abarcan los años 2014, 2015, 2024 y 2025, e incluyen reuniones en Bogotá y Villavicencio donde los implicados mostraban información reservada para presionar y cobrar más dinero.
Asimismo, algunos miembros de la red habrían eliminado pruebas, alterado investigaciones y obligado a testigos a declarar falsamente. Incluso intimidaron a uno de los investigadores líderes para obtener acceso a detalles de los procesos de su interés.
Delitos imputados
Los fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los detenidos por:
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Concierto para delinquir
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Concusión
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Falsedad ideológica en documento público
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Fraude procesal
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Tráfico de influencias
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Acceso abusivo a sistema informático
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Amenazas a servidor público
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Abuso de autoridad por acto arbitrario
La operación evidencia un esquema de corrupción dentro de la policía judicial y funcionarios del sistema penitenciario, y marca un avance importante en la lucha contra el direccionamiento de procesos judiciales y el abuso de poder en Colombia.
