El movimiento Defensores de la Patria, liderado por el candidato Abelardo De la Espriella, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria contra los ministros del Gobierno nacional que no asistieron al debate de control político citado por el Congreso tras la declaratoria del estado de emergencia económica y social.
La solicitud fue radicada por Germán Calderón España, en calidad de ciudadano y miembro del movimiento, y se refiere a la sesión convocada el pasado 29 de diciembre de 2025, luego de que el Ejecutivo expidiera el Decreto 1390 de 2025. Según el documento, al debate fueron citados todos los ministros que firmaron la declaratoria de emergencia, pero únicamente asistió el ministro de Defensa Nacional, mientras que el resto del gabinete se ausentó sin presentar excusas previas aceptadas por la respectiva corporación legislativa.
De acuerdo con Defensores de la Patria, esta conducta vulnera lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso. En particular, el movimiento señala que el artículo 249 establece que las citaciones a ministros deben realizarse con una antelación no mayor a diez días calendario, requisito que —aseguran— sí se cumplió en este caso.
El movimiento también cuestionó la explicación posterior del ministro del Interior, quien argumentó que no se habrían respetado los términos legales de la citación. Para los denunciantes, dicha justificación no se ajusta a la normativa vigente y no exonera a los ministros de su deber de comparecer ante el Congreso.
En la denuncia se advierte que la inasistencia podría constituir una falta disciplinaria por el desconocimiento de deberes establecidos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), entre ellos el cumplimiento de la Constitución y la ley.
Defensores de la Patria calificó la ausencia masiva del gabinete como de “altísima gravedad institucional”, al considerar que afecta el equilibrio de poderes, desconoce el rol del Congreso y debilita los mecanismos democráticos de control político sobre decisiones excepcionales que inciden en derechos fundamentales y en la política económica y social del país.
Por estas razones, el movimiento solicitó a la Procuraduría adelantar una investigación formal contra los ministros que no asistieron y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto por la legalidad, la institucionalidad y la democracia. Asimismo, reiteró que ningún funcionario está por encima de la Constitución y que el control político es un deber ineludible en un Estado social y democrático de derecho.
