La adjudicación de más de 600 mil millones de pesos a la empresa Internexa por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) generó una fuerte controversia política y en redes sociales, luego de que sectores críticos señalaran una coincidencia temporal entre la llegada al país de la primera dama, Verónica Alcocer, y la firma del proceso contractual.
Internexa es dirigida por Saúl Kattan, empresario cercano al Gobierno y a quien críticos califican como amigo personal de la primera dama, lo que desató cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la asignación de recursos públicos destinados al sector científico y tecnológico.
Desde sectores de la oposición y líderes de opinión se exige que el Gobierno explique los criterios técnicos, jurídicos y financieros que sustentaron la decisión, así como la forma en que se garantizó la libre competencia y la imparcialidad en el proceso.
Hasta el momento, ni Minciencias ni la Presidencia de la República han emitido un pronunciamiento oficial que responda directamente a los señalamientos. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han reiterado en otras ocasiones que los contratos del Gobierno se rigen por estudios previos y evaluaciones técnicas, y que no existe injerencia de la primera dama en decisiones administrativas.
El caso reabre el debate sobre la influencia política, la transparencia en la contratación estatal y el uso de recursos públicos, especialmente en sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología y la innovación.
Organizaciones de control y veedurías ciudadanas han pedido que el proceso sea revisado y vigilado, mientras crece la presión para que se entregue información detallada que disipe cualquier duda sobre la legalidad del millonario contrato.
