La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la gestión de bienes muebles e inmuebles a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por un valor que supera los 8.000 millones de pesos, en un informe que apunta a deficiencias en el aprovechamiento de propiedades, vehículos y contratos de arrendamiento.
Según la auditoría realizada durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, la SAE ha permitido ocupaciones irregulares de predios durante décadas, no ha cobrado cánones completos de arrendamiento y mantiene vehículos chatarrizados en bodegas, generando más de $1.000 millones en costos de almacenamiento.
Entre los hallazgos más críticos, la Contraloría resaltó:
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Fincas agrícolas en El Espinal, Tolima, de más de 37.000 hectáreas, con cultivos de maíz, mango y fríjol, explotadas irregularmente por terceros desde hace años.
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Isla ‘Éxtasis’ en Cartagena, con contratos de arrendamiento de largo plazo, en completo abandono y sin mantenimiento, a pesar de contar con vocación comercial.
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Subarriendo y reparaciones sin autorización de arrendatarios, sumado a la falta de seguimiento de depositarios provisionales.
“En la administración de los bienes muebles e inmuebles no sociales con estado legal extinto se evidencian deficiencias que afectan la eficiencia y la legalidad del proceso. Persisten ocupaciones irregulares de más de una década sin acciones efectivas de recuperación ni estimaciones de renta actualizadas”, señaló el informe de la Contraloría.
Los 22 hallazgos identificados incluyen 11 con incidencia fiscal, que ponen en riesgo los recursos públicos que deberían generarse con la enajenación de estos bienes. La SAE, según el ente de control, debe garantizar la venta temporal de los activos bajo su administración, cumpliendo con la finalidad del FRISCO de monetizar los bienes extintos y devolver recursos al Estado.
El informe también resalta que no se han ejecutado desalojos, cobros completos de cánones ni estrategias comerciales para arrendar o vender los inmuebles, y que estas fallas representan un detrimento patrimonial que supera los $8.000 millones.
La Contraloría concluyó que estas deficiencias evidencian una gestión ineficiente y riesgos fiscales que podrían afectar los recursos del Estado, y pidió medidas urgentes para garantizar la correcta administración y disposición de los bienes de la mafia bajo la SAE.
