El Gobierno nacional decidió suspender el traslado a Barranquilla de Jorge Díaz, alias Castor, cabecilla de la estructura criminal Los Costeños, de Digno Palomino, jefe de Los Pepes y de Ober Ricardo Martínez, alias el “Negro Ober”, de los Rastrojos Costeños, luego del fuerte cruce público entre la administración distrital y el Ministerio de Justicia por los riesgos en materia de seguridad y control carcelario.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuestionó la decisión inicial del Ejecutivo, advirtiendo que las cárceles del Atlántico no cuentan con las condiciones necesarias para albergar a criminales de alto perfil y que su traslado ignora el sufrimiento de las víctimas de la extorsión y la violencia en la ciudad.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, respondió que no se trataba de “premios” para los delincuentes y defendió la política de traslados como parte de una estrategia para contener la crisis de violencia. Recordó que, según cifras oficiales, los diálogos con estas estructuras permitieron reducir los homicidios en un 57 % y la extorsión en un 84 % a finales de 2025.
Idárraga también señaló que Barranquilla llegó a esos niveles de criminalidad tras años de deterioro en seguridad, al recordar que en 2024 se registraron 487 homicidios y que la extorsión creció un 458 % entre 2021 y 2023. Además, cuestionó el manejo de los recursos recaudados por el impuesto a la seguridad en el Atlántico.
Finalmente, el ministro anunció que el traslado de estos cabecillas queda suspendido mientras se construye una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales, con el fin de garantizar vigilancia estricta y control permanente. El Gobierno sostuvo que cualquier decisión futura deberá priorizar la seguridad y la confianza de la ciudadanía barranquillera.
