El incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, encendió las alarmas en el sector empresarial, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que advierten un impacto directo y significativo en su sostenibilidad financiera. De acuerdo con gremios y expertos, el aumento podría traducirse en sobrecostos laborales de hasta 25%, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de negocios en el país.
Desde Asomicrofinanzas señalaron que el ajuste salarial eleva de manera considerable no solo el pago directo a los trabajadores, sino también los costos asociados a prestaciones sociales, aportes a seguridad social y cargas parafiscales, lo que presiona los márgenes de rentabilidad de los micronegocios.
Antonio Alonso González, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, explicó que un alza de esta magnitud “puede traducirse en incrementos de entre 20% y 25% en los costos laborales totales, lo que obliga a muchas empresas a replantear su operación”. Añadió que para el empleador el salario mínimo no refleja el costo real del trabajador, pues a este se suman obligaciones legales que elevan considerablemente el gasto.
Desde el sector empresarial, Óscar Lara, CEO de First Shoes, advirtió que el aumento impacta de forma directa la carga presupuestal de las compañías. “Cuando el salario mínimo sube de manera acelerada, los empresarios deben hacer ajustes drásticos, porque en algunos casos la base financiera no alcanza para sostener la misma estructura del negocio”, afirmó.
Una situación similar expuso Nataly Nicholls, CEO de Magno Chocolates, quien señaló que su empresa venía pagando salarios ligeramente superiores al mínimo como estrategia para atraer talento. Sin embargo, con el nuevo ajuste, ese diferencial desapareció y el impacto en la nómina “se vuelve muy alto”. A esto, dijo, se suman otros incrementos como arriendos, insumos, transporte y servicios, lo que hace que el panorama sea especialmente complejo para las Mipyme.
Nicholls recalcó que muchas empresas se verán obligadas a optimizar gastos, reducir equipos o priorizar perfiles más integrales, capaces de asumir varias funciones. Además, alertó que hoy cuesta prácticamente lo mismo contratar a un técnico que a una persona sin formación, lo que podría reducir las oportunidades de primer empleo y limitar la contratación formal.
Por su parte, Asomicrofinanzas reconoció que el objetivo del aumento del salario mínimo es mejorar el ingreso de los trabajadores y fortalecer su poder adquisitivo, pero insistió en que la medida puede generar efectos estructurales negativos sobre el tejido empresarial. “Muchos negocios podrían verse obligados a cerrar, reducir su operación o prescindir de empleos, afectando la estabilidad laboral y el ingreso de miles de hogares”, advirtió el gremio.
El panorama es aún más sensible si se tiene en cuenta que las Mipyme representan más del 99% de las empresas en Colombia, generan cerca del 79% del empleo y aportan aproximadamente 40% del PIB. Según María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, el sobrecosto laboral también se convierte en un desincentivo para la formalización, justo cuando muchas empresas avanzaban en ese proceso.
Mientras el Gobierno defiende el aumento como una medida de justicia social, el sector productivo insiste en la necesidad de acompañar el alza salarial con políticas de alivio y estímulos, para evitar que el impacto termine traduciéndose en menos empleo y mayor informalidad.
