Luego de más de dos semanas de secuestro, cinco patrulleros de la Policía Nacional recuperaron su libertad en el Catatumbo, en un proceso que contó con el acompañamiento de una comisión humanitaria y que fue confirmado oficialmente por la institución.
Los uniformados, identificados como José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, habían sido retenidos el pasado 6 de enero cuando se desplazaban hacia la ciudad de Cúcuta, con el fin de reincorporarse a sus labores tras el periodo de descanso por las festividades de fin de año.
La liberación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con la mediación de representantes de la Iglesia católica, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo, entidades que garantizaron el desarrollo seguro del procedimiento y el respeto por la vida de los policías.
Tras conocerse la noticia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, celebró el regreso a la libertad de los uniformados y lo calificó como un alivio para ellos y sus familias. No obstante, reiteró el llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que libere a las demás personas que aún permanecen secuestradas, especialmente en regiones como Norte de Santander y Arauca.
En su momento, el ELN justificó la retención de los policías argumentando una supuesta colaboración de la Fuerza Pública con el Frente 33, disidencia de las antiguas Farc, con la que mantiene una disputa armada por el control territorial del Catatumbo desde hace más de un año.
Esta región, ubicada en la frontera colombo-venezolana, continúa siendo una de las más golpeadas por el conflicto armado debido a la presencia de múltiples grupos ilegales, entre ellos el ELN, disidencias de las Farc, remanentes del EPL y estructuras dedicadas al narcotráfico.
Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, el recrudecimiento de la violencia en el último año ha dejado un grave impacto humanitario en el Catatumbo, con al menos 163 muertes y más de 84.000 personas desplazadas de manera forzada en lo que va de 2025.
