El exregistrador delegado para lo electoral Nicolás Farfán solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil negar una eventual inscripción del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo, al considerar que el congresista estaría inhabilitado.
Farfán explicó que, a su juicio, Cepeda ya habría participado en una consulta interpartidista el 26 de octubre de 2025, por lo que no podría hacerlo nuevamente sin vulnerar las normas electorales vigentes.
“Si llega a participar en una segunda consulta y resulta ganador, implicaría que se inscribiría por una coalición distinta a aquella con la que participó el 26 de octubre”, afirmó el exfuncionario.
Farfán precisó que la competencia inicial para aceptar o rechazar la inscripción recae en la Registraduría, y no en el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, señaló que, en caso de que la inscripción sea aceptada, el CNE podría revocarla posteriormente.
Según explicó, en la consulta del 26 de octubre Cepeda contó con el aval de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático, mientras que para la consulta del 8 de marzo se presentaría con el respaldo del Pacto Histórico, partido que, según Farfán, tiene los mismos derechos y obligaciones de las colectividades que lo antecedieron.
Posturas encontradas en la MOE
El planteamiento de Farfán se da en medio de un choque de versiones al interior de la Misión de Observación Electoral (MOE). El subdirector de la entidad, Frey Muñoz, afirmó inicialmente que Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar en la consulta.
Sin embargo, horas después, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, aclaró que la organización no ha adoptado ninguna posición oficial frente a la participación de candidatos en las consultas del 8 de marzo.
“La Misión de Observación Electoral no adelanta juicios sobre inscripciones particulares. Este tipo de decisiones corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral”, señaló Barrios, reiterando el carácter técnico e independiente de la entidad.
El debate jurídico y político continúa, mientras las autoridades electorales analizan las eventuales inscripciones de cara a las consultas interpartidistas.
