La representante a la Cámara por el Magdalena, Ingrid Aguirre, rompió el silencio y denunció públicamente que fue obligada a someterse a pruebas de polígrafo dentro del partido Fuerza Ciudadana para demostrar su supuesta “lealtad”. Según relató, durante su permanencia en la colectividad vivió un ambiente de hostigamiento constante, marcado por humillaciones públicas, señalamientos y presiones reiteradas para que renunciara a su curul en el Congreso.
Aguirre afirmó que estas situaciones incluyeron aislamiento político e invisibilización de su trabajo legislativo, pese a haber cumplido —según dijo— con su responsabilidad frente a los ciudadanos del Magdalena. Señaló directamente a Carlos Eduardo Caicedo y a Rafael Martínez como responsables de ordenar y ejecutar estas prácticas, las cuales calificó como “profundamente degradantes”. Además, denunció que fue revictimizada por la gerente liquidadora Adriana Trujillo, quien la acusó de deslealtad e ingratitud.
Frente a las acusaciones, Rafael Martínez respondió que habría sido la propia Aguirre quien se ofreció a someterse al polígrafo y habló de una supuesta campaña en contra de Carlos Caicedo. La congresista rechazó esa versión, calificó de “descarada” la respuesta y exigió que se revelen pruebas completas, sin censura. El pronunciamiento de Aguirre se da en medio del escándalo que rodea a Caicedo por denuncias de presunto acoso sexual, un contexto que, según la representante, evidencia la violencia política que enfrentan muchas mujeres y ante la cual —afirmó— decidió hablar “por dignidad”.
