El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca fortalecer la supervisión sobre los servicios de movilidad en el país.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas por parte de plataformas de transporte digital y gremios del sector, que advierten que el proyecto podría eliminar las aplicaciones de movilidad con vehículos particulares y afectar directamente los ingresos de más de 1,2 millones de conductores, así como limitar las opciones de transporte de 21 millones de usuarios en Colombia.
Según el gremio Alianza In Colombia, la iniciativa endurece el régimen sancionatorio hasta niveles que podrían volver inviable la operación de estas plataformas. Entre las medidas contempladas se incluyen la suspensión inmediata de la operación, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la imposición de multas millonarias por cada viaje realizado.
El proyecto también extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y administradores de conjuntos residenciales, hoteles o centros comerciales que permitan el uso de estos servicios, lo que, según los críticos, podría generar restricciones privadas para evitar sanciones.
“El efecto no es solo regulatorio. Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, señaló José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.
El gremio hizo un llamado al Congreso para revisar la iniciativa y abrir espacios de diálogo con todos los actores involucrados, insistiendo en que Colombia necesita una regulación moderna que supervise el sector sin afectar la innovación, el empleo y la movilidad de los ciudadanos.
El Proyecto de Ley 347 de 2026 iniciará ahora su trámite legislativo, donde se anticipa un debate intenso sobre el futuro de las plataformas de movilidad y el modelo de transporte digital en el país.
