En medio del creciente debate nacional sobre los retrasos y fallas en el licenciamiento ambiental, la candidata al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, Olga Lucía Caro Jácome, fijó una posición clara: el licenciamiento ambiental debe proteger el ambiente, no frenar el desarrollo del país.
“Colombia es nuestra casa y la casa no se cuida con improvisación; se cuida con reglas claras, decisiones técnicas y control efectivo”, afirmó Caro, al referirse a los problemas estructurales que hoy afectan al sistema de licencias ambientales.
La aspirante al Senado advirtió que los retrasos, la discrecionalidad y el débil control institucional están afectando tanto la protección ambiental como el desarrollo económico. Informes recientes de los órganos de control han evidenciado fallas en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), responsables de evaluar y otorgar estos permisos.
En el caso de la ANLA, se han señalado debilidades en el seguimiento y la sanción efectiva a grandes proyectos de infraestructura, así como una alta dependencia de contratistas frente a funcionarios de planta, lo que compromete la continuidad técnica y la autonomía institucional. En las CAR, la situación es aún más crítica: un informe de la Procuraduría reveló demoras de hasta 800 días en la tramitación de licencias y permisos ambientales, muy por encima de cualquier estándar razonable.
“Cuando una licencia se demora años sin una decisión clara, el país pierde”, subrayó Caro. “Pierde el medio ambiente, porque la falta de seguimiento permite incumplimientos; pierde el inversionista, por la incertidumbre jurídica; y pierde el ciudadano, porque se retrasan obras clave que podrían mejorar la movilidad, reducir emisiones y elevar la calidad de vida”.
Según la candidata, el problema no es la protección ambiental, sino el diseño institucional: tensiones entre decisiones técnicas y presiones políticas, ausencia de criterios homogéneos, debilidad en auditorías de desempeño y falta de indicadores que permitan medir si el sistema realmente está cumpliendo su objetivo de proteger el ambiente.
Frente a este panorama, Olga Caro propone una reforma estructural al sistema de licenciamiento ambiental, basada en siete ejes centrales: 1) decisiones exclusivamente técnicas mediante comités colegiados y trazables; 2) tiempos máximos obligatorios para cada fase del trámite; 3) licencias por fases con verificación continua; 4) control efectivo al controlador, separando evaluación, seguimiento y sanción; 5) indicadores ambientales verificables y uso intensivo de tecnología; 6) sanciones proporcionales y automáticas frente al incumplimiento; y 7) un enfoque territorial diferenciado según la sensibilidad ecológica.
La reforma incluiría indicadores claros de desempeño, como que el 90 % de las licencias se decidan dentro del plazo legal, el 100 % de las evaluaciones sean realizadas por comités técnicos colegiados y que toda la información sea pública y accesible.
“El licenciamiento no debe frenar el desarrollo; debe ordenarlo”, concluyó Caro. “Defender a Colombia, su biodiversidad y su gente no es una opción, es una responsabilidad. Desde el Senado queremos que vivir en Colombia vuelva a ser una oportunidad y no una incertidumbre”.
