Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de la NUEVA EPS en busca de la defensa del derecho fundamental a la salud de sus afiliados, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos.
En consecuencia, a lo anterior, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024; lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros.
Por lo tanto, el Ministerio Público pidió información y medidas adoptadas con soportes acera el giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc.
Por lo que, el organismo de control para la protección de los derechos fundamentales de los más 11 millones de afiliados a la NUEVA EPS requirió remitir dicho informe dentro de los cinco días hábiles siguientes.
