Un nuevo caso de inseguridad genera indignación en Bogotá luego de que quedaran en libertad los señalados responsables de un violento hurto contra una mujer de 81 años en la localidad de Kennedy, barrio Patio Bonito.
El hecho ocurrió en noviembre de 2025, cuando varios hombres, vestidos con uniformes de empresas de telecomunicaciones, ingresaron a la vivienda de la víctima. Según la denuncia, la amarraron, la golpearon y le hurtaron una suma millonaria de dinero.
Aunque la Policía Metropolitana de Bogotá logró capturarlos en flagrancia antes de que escaparan, tiempo después recuperaron la libertad, lo que desató fuertes críticas por parte de la familia y la ciudadanía.
Familia denuncia irregularidades
José Miguel, hijo de la víctima, expresó su rechazo ante la decisión judicial, señalando que existen videos de cámaras de seguridad que evidencian la violencia ejercida contra su madre.
Además, aseguró que se habrían presentado presuntas irregularidades en el manejo de las evidencias, indicando que armas y dinero incautados habrían desaparecido del proceso.
Cifras de impunidad preocupan
El caso se suma a un panorama que preocupa en la capital. Según cifras del año pasado, de 33.698 personas capturadas en Bogotá, el 85 % (29.365) quedó en libertad, incluso en situaciones con pruebas y testimonios.
Las localidades con mayor número de capturas fueron Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, donde el alto porcentaje de liberaciones ha generado debate sobre el funcionamiento del sistema judicial.
El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó la situación: “El hecho de que 95 de cada 100 personas capturadas en flagrancia por un delito queden en libertad nos debe llevar a una reflexión”.
Por su parte, exfuncionarios del sector seguridad han señalado que en algunos casos las capturas no se sustentan con pruebas suficientes o con una cadena de custodia adecuada, lo que impide a los jueces imponer medidas privativas de la libertad.
No obstante, expertos coinciden en que el problema es estructural y requiere una reforma integral del sistema judicial y penitenciario para enfrentar de manera efectiva los altos niveles de reincidencia y criminalidad en la ciudad.
