El esperado subsidio para taxistas que anunció el presidente Gustavo Petro en 2023 para mitigar el aumento del precio de la gasolina nunca se materializó. Tras casi tres años de espera, el Ministerio de Transporte confirmó que la medida era fiscalmente inviable, dejando en evidencia las limitaciones presupuestales del Estado frente a compromisos políticos de gran alcance.
La iniciativa nació el 31 de agosto de 2023, en un momento en que la gasolina comenzó a registrar incrementos sostenidos, con subidas cercanas a $7.000 entre 2023 y 2025. El entonces viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, anunció que se realizaría un cálculo técnico del consumo de combustible de cada vehículo, para hacer giros mensuales a unos 45.000 conductores de taxis en todo el país. La primera compensación estaba prevista para finales de septiembre de ese año, y los pagos continuos, a partir de 2024.

Sin embargo, la implementación nunca llegó. En respuesta a un derecho de petición enviado por Valora Analitik, el Ministerio de Transporte admitió que, “pese a múltiples esfuerzos técnicos y financieros, la aplicación no era viable”, debido a que no existía una fuente de recursos dentro del Presupuesto General de la Nación para cubrir los costos del programa.
El Ministerio también aclaró que la definición de recursos, giros presupuestales y sostenibilidad del proyecto correspondía al Ministerio de Hacienda y a las entidades encargadas de programas sociales, y que su función se limitó al acompañamiento técnico de los espacios interinstitucionales donde se evaluaron alternativas.
La promesa del subsidio fue defendida con fuerza en su momento por Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quien aseguraba que la financiación saldría del presupuesto nacional. Hoy, Bonilla se encuentra vinculado a procesos judiciales relacionados con la UNGRD, lo que añade un contexto político y judicial a la polémica.
Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas, lamentó la situación:
“Nunca nos dieron nada ni han hecho nada… y lo mismo pasará con el nuevo anuncio de transición a taxis eléctricos en Colombia”.

El fracaso de la promesa del Gobierno refleja, según analistas económicos, la dificultad de sostener subsidios sectoriales de alto costo sin un respaldo financiero sólido y evidencia la tensión entre las políticas populistas y la realidad fiscal del país. Para miles de taxistas, que han visto cómo sus gastos en combustible se dispararon sin compensación alguna, la promesa incumplida representa una deuda política y económica pendiente, que pone en duda la credibilidad del Estado frente a compromisos sociales.









