La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que adopte medidas para impedir que el presidente Gustavo Petro continúe realizando señalamientos sobre un presunto fraude electoral sin presentar pruebas que los respalden.
“La medida no solo es necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos, sino que su carácter urgente se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para los comicios”.
El Tribunal de Cundinamarca estudia una demanda, interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, con la que se busca que el Presidente rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral.
Ramiro Bejarano, director del departamento de derecho procesal de la Universidad Externado. Foto:Universidad Externado
El demandante señala que ese discurso, que ha sido desmentido por los entes de control y, recientemente, por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, lacera profundamente “los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas”.
La demanda fue admitida en octubre del año pasado y se solicitó dictar una medida cautelar que le ordene al Presidente dejar de poner en tela de juicio, sin pruebas, la transparencia del sistema electoral. Esta urgencia, de cara a la insistencia de esa narrativa en vísperas de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.
El pasado 5 de marzo, el Tribunal anunció que sí estudiará esta solicitud y citó a las partes a una audiencia pública el próximo viernes 13 de febrero, a las 8:00 a.m., para sopesar los argumentos del jefe de Estado, el Dapre, el CNE, la Registraduría y la Procuraduría. Esta última pidió acceder a las pretensiones que buscaban imponer esta medida cautelar.
Para el Tribunal, “la función pública electoral requiere, para su materialización, el despliegue de una serie de actividades anteriores, concomitantes y posteriores a los comicios, que permitan concretar los alcances de aquella y que corresponden a la categoría del servicio público administrativo aludido”.
Por esta razón, si bien las elecciones se celebraron con éxito el 8 de marzo pasado, la jornada tiene un desarrollo posterior, en el que el Presidente podría insistir en la acusación contra el proceso electoral (como está ocurriendo) y que “harían especialmente pertinente una eventual medida cautelar”.
Fachada Tribunal Superior de Cundinamarca. Foto:Archico EL TIEMPO
“La eventual adopción de una medida cautelar tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026”, agregó la instancia judicial.
Los argumentos
El viernes se pondrán sobre la mesa argumentos para que los jueces ordenen la “cesación inmediata” de las actividades que puedan amenazar o seguir generando daño al servicio público administrativo de la función electoral.
Según el demandante y las partes que lo apoyaron, como el Ministerio Público, la narrativa pone en duda la transparencia del proceso electoral, especialmente en lo relacionado con presuntos fraudes, manipulación del software utilizado en el escrutinio, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de formularios y tarjetones, y otras consideraciones sobre el proceso electoral.
Todo ello sin que “exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral, caso en el cual deberían ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten estas afirmaciones”.
El pasado 5 de marzo se corrió traslado a la Presidencia y a la Dapre para que se pronunciaran sobre la imposición de la medida cautelar, y en la audiencia pública se escucharán las partes intervinientes.
