Por: Yasher Bolívar Pérez
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo frente judicial tras la decisión de la Justicia de ordenar su embargo y el procesamiento de su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, junto a otros directivos, en una investigación por presunto fraude fiscal. La medida, adoptada por el juez Diego Amarante, incluye un embargo cercano a los 350 millones de pesos y se sustenta en acusaciones de apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.
El caso se origina en una denuncia de la Dirección General Impositiva, que reclama obligaciones impagas que superarían los 19.000 millones de pesos correspondientes a los últimos dos años. Aunque la AFA ha sostenido que presentó las declaraciones tributarias y que los pagos fueron realizados —aunque fuera de plazo— sin sanciones punitivas, la decisión judicial amplía el alcance del proceso al incluir a otros altos cargos de la entidad, evidenciando la magnitud institucional del caso.
En paralelo, Tapia ha negado cualquier responsabilidad directa y asegura no haber tenido injerencia en los hechos investigados, mientras la Justicia mantiene restricciones como la prohibición de salida del país para algunos implicados. El proceso avanza en un momento especialmente sensible, a pocos meses del Mundial 2026, lo que introduce un componente de presión adicional sobre la dirigencia del fútbol argentino y su capacidad de respuesta ante un escenario que trasciende lo deportivo.
