Un informe revela que los recortes presupuestales a la Defensoría del Pueblo desde 2024 están afectando gravemente el funcionamiento del sistema de defensores públicos en el país.
De acuerdo con la investigación, el presupuesto de la entidad ha venido disminuyendo de forma progresiva, impactando tanto el funcionamiento interno como la capacidad de atención a la ciudadanía.
Uno de los principales riesgos es el debilitamiento del sistema de defensa pública, clave para garantizar el acceso a la justicia de personas que no pueden pagar un abogado. La falta de recursos podría traducirse en menos defensores, sobrecarga de casos y una atención más limitada.
La situación no es nueva: ya se habían presentado dificultades por falta de presupuesto, incluso afectando el pago a miles de contratistas y defensores públicos, lo que evidencia una crisis estructural en la entidad.
Expertos advierten que este panorama puede generar consecuencias graves en el sistema judicial, como retrasos en procesos, desigualdad en la defensa y mayor vulnerabilidad para poblaciones de bajos recursos.
Además, la Defensoría cumple un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, por lo que su debilitamiento podría impactar la atención a víctimas, comunidades en riesgo y zonas afectadas por el conflicto.
En medio de este escenario, crece la preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la defensa y el acceso equitativo a la justicia en Colombia.
